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Estados Unidos están buscando endurecer los requisitos de los bonos emitidos por un número creciente de productores de petróleo en quiebra para hacer frente a los pozos abandonados en alta mar que podrían convertirse en desastres ambientales.
El Departamento del Interior está proponiendo reglas para fortalecer los criterios de emisión después de que las compañías hayan presentado una solicitud para el Capítulo 11 y escapado de las obligaciones financieras para tapar sus pozos no productores, dijo Walter Cruickshank, director en funciones de la Oficina de Gestión de Energía Oceánica del departamento.
La medida, que se propone conjuntamente con la Oficina de Seguridad y Cumplimiento Ambiental, estará sujeta a un período de comentarios públicos de 60 días.
"Nuestras reglas actuales, que fueron escritas en los años 90, tienen criterios bastante amplios y realmente dejaron a nuestros directores regionales la posibilidad de interpretarlas y aplicarlas como quisieran, sin necesariamente obtener la opinión del público sobre cómo lo hacemos", dijo Cruickshank en una entrevista telefónica. "Hemos llegado a un diseño aquí que es mucho más simple que lo que está en los libros ahora".
Se proyecta que los exploradores gastarán alrededor de mil millones de dólares al año durante la próxima media década para desmantelar cientos de viejos pozos de petróleo en el Golfo de México que se han deteriorado, según el consultor de la industria Wood Mackenzie.
El gobierno de EE.UU. está buscando asegurarse de que esos costos no se trasladen a los contribuyentes, ya que el peor accidente con crudo de la historia lleva a más empresas a la quiebra.
Figura 1. Fuente: Bloomberg
El número de productores que se declararon en bancarrota este año ha subido un 62% desde 2019, y eso incluye a varios del mes pasado que trabajan en el Golfo de México, según el bufete de abogados Haynes and Boone LLP.
Pero no es necesariamente el entorno actual de bajo precio del petróleo lo que empujó al Departamento del Interior a endurecer sus requisitos de fianza. La cuestión ha estado en su radar durante años, gracias a una llamada notificación a los arrendatarios que se remonta a 2008, dijo Cruickshank.
"Lo que vimos es que había empresas que entraban en bancarrota y que cumplían los criterios de ese NTL para no tener que proporcionar ninguna garantía financiera adicional", dijo. "Eso no es algo que deba considerarse aceptable. Eso es realmente lo que llevó al trabajo sobre este tema".
Si la norma se finaliza sin cambios, Cruickshank dijo que algunas empresas tendrán que buscar una garantía financiera adicional para sus responsabilidades de desmantelamiento, basándose en el análisis del departamento de sus calificaciones crediticias, la fuerza financiera de los copropietarios en los arrendamientos, el valor de las reservas y otros factores.
Desde finales del año pasado, una variedad de compañías petroleras han presionado sobre el tema mientras estaba bajo revisión en la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios de la Casa Blanca, desde pesos pesados como BP Plc y Royal Dutch Shell Plc.
Noticia tomada de: Bloomberg / Traducción libre del inglés por World Energy Trade
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