¿Futuro incierto para las energías renovables en México? - World Energy Trade

¿Futuro incierto para las energías renovables en México?

Al menos 18 estados de la República estarían afectados

Al menos 18 estados de la República estarían afectados

Electricidad
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El Gobierno Mexicano hace pública un cambio de política donde el Estado asume nuevamente la rectoría del sector energético por encima de compañías privadas luego que la epidemia Covid-19 provocara una caída de la demanda de electricidad.  

La Secretaría de Energía del país (SENER) emitió un decreto que devuelve al Estado la potestad de rectorar el sector energético, con lo cual se realizan modificaciones a la reforma energética del 2014.  

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Con anterioridad el Estado debía comprar preferentemente la energía eléctrica producida por inversionistas privados. "Y ante la baja demanda provocada por la epidemia de coronavirus, esto implicaba que el Estado mexicano detuviera sus plantas de energía eléctrica para seguir beneficiando a las empresas privadas", agregó el jefe de Estado Manuel Lopez Obrador (AMLO) en un discurso el día viernes. 

El SENER por su parte resaltó en un comunicado que El Sistema Eléctrico Mexicano es uno de los mayores y más complejos del mundo. Es un sistema integrado que da servicio a 128 millones de mexicanos, que habitan en dos millones de kilómetros cuadrados, y que ha alcanzado el 98.7% de cobertura del servicio. 

Actualmente la capacidad instalada de generación de 80,000 MW supera en 30,000 MW a la demanda máxima instantánea del Sistema Eléctrico Nacional, que en la semana 26 de 2019 alcanzó un total de 50,000 MW. 

La planeación y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional requiere de una regulación económica racional para la incorporación acelerada y progresiva de todas las energías. En el caso de energías intermitentes, se deben incorporar mediante la intervención y apoyo necesario de centrales que tengan disponibilidad total y proporcionen reserva de planeación y operativa, así como servicios conexos que hagan viable su funcionamiento, lo cual requiere de la correcta especificación de los productos asociados requeridos a fin de dar mayor certidumbre a todos los participantes del mercado.

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La capacidad instalada de energías renovables intermitentes fotovoltaicas y eólicas en operación, alcanzó el 11.86% de la capacidad instalada, al 31 de diciembre de 2019. La capacidad instalada efectiva y en pruebas de Subastas de Largo Plazo, tiene un avance del 67% de instalación al 26 de enero de 2020, y continuará con su programa durante 2020 y 2021. 

Por su parte, el órgano que agrupa a los empresarios Mexicanos CCE a través de un comunicado formal critica el decreto emitido citando que imponen una serie de limitaciones y pruebas a los nuevos proyectos de energía limpia y otorgan al Centro Nacional para el Control de la Energía, conocido como “Cenace”, el poder de rechazar las solicitudes de nuevos estudios de plantas y priorizar la empresa estatal de servicios públicos, CFE. Sin las pruebas, las nuevas plantas no podría entrar en funcionamiento, esto pone en riesgo las inversiones en electricidad por más de US$30.000 millones en 18 estados.

Al menos 18 estados de la República que representan inversiones por más de $30,000 millones de dólares terminarían afectados 

Las limitaciones que imponen esta nueva reglamentación desde el CCE son: 

  • Esta política violenta el estado de Derecho y atenta contra la legalidad, certeza jurídica y libre competencia económica del sector energético del país.  
  • Afecta los derechos de los generadores renovables, de los consumidores y de todos los participantes en el sector eléctrico nacional.  
  • La acción se suma a la operación de deterioro regulatorio del sector eléctrico que la SENER ha instrumentado desde 2019.  
  • La integridad del marco jurídico mexicano debe ser respetada por el Gobierno, así como los instrumentos y tratados internacionales de los que somos parte.  

Para el CCE esto representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, causando graves consecuencias para el país como la pérdida de empleos, de confianza de inversionistas, y afectaciones para los proyectos eléctricos de todas tecnologías en al menos 18 estados de la República, los cuales representan inversiones por más de $30,000 millones de dólares. 

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